SALTA LA REPRESIVA

 

‘Salta la linda’ vuelve a teñirse de represión, encarcelamientos y de gente que mira para otro lado. Como cualquier ciudad Latinoamericana, así resuelven los mandatarios sus conflictos internos. Hace poco en otra provincia del NOA, también un gobernador les decía a los docentes: “Vayan a trabajar ‘vagos de mierda”. Así funcionan los dispositivos del poder de las provincias del interior. Ya no se trata de un feudo. Se trata de que estos políticos llegados a funcionarios (y que ya están asegurados por otros cuatro años), solo van a hablar con quien ellos quieran hablar. Por eso la palabra ‘autoconvocado’ (no digo que le preocupa) pero sí le es indiferente. No pertenecen estos trabajadores al ‘status quo’, de alguna burocracia sindical, por lo tanto la represión es el otro paso, para silenciar y atemorizar a otros que osen levantarse en protestas. En Salta salieron junto a los docentes los ‘autoconvocados’ de salud: palos y encierro para todos. Esas imágenes no deben asustar tampoco al turista.

El 25 de mayo fueron detenidos 19 docentes, que estaban según el diario oficial de Salta, cortando la ruta. Los titulares, sonaban como los hace la cadena más poderosa de medios: ‘están cortando el tráfico los piqueteros’. Nunca explican quienes son, por qué cortan el tránsito en la ‘9 de julio’, y qué realmente están necesitando en alimentación sus familias. La prensa dominante actúa igual en muchas provincias: debe informar para un público pudiente y que sepa entender quienes son los que mandan. Los Medios concentrados tiene diarios, radios, TV, canales de cable, internet y celulares. La población tiene que tener una sola versión de la información. Y si dan micrófono, lo hacen en los municipios y provincias que son leales al gobierno; para que mostrar a esos reclamos como deficiencias. Por eso tampoco extrañó que TN transmitiera y se escuchará en directo desde Salta, a docentes reprimidos.

Circuló también cuánto gana un docente en Salta. Datos que se comprueban que no son reales. Según esos datos los docentes salteños son los más altos del país. La dirigencia gubernamental, no se actualizó en este tema de las redes. La ‘viralización’ de una cámara de un celular, permite en estos tiempos que lo filmado aparezca en varios lugares del país, en Latinoamérica (y vemos como se reprime en Perú, Ecuador) y en Italia, España, Francia, Estados Unidos. Así funcionan las redes una manera de S.O.S. al mundo actual, para que se vea qué hacen con los que reclaman.

Se espera que pronto sean liberados, que los sindicatos se pongan de inmediato en contacto con los docentes detenidos, reuniones para el arreglo de paritarias con los docentes. ¿Pedir que un gobernador hable al pueblo de Salta aclarando la situación y cómo están los docentes será mucho?

Carlos Liendro

https://redesdelalibertad.blogspot.com/

El Comité contra la Tortura recomendó desestimar las pistolas Taser

 

por Claudia Ferreira

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta emitió este miércoles una recomendación técnica al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, cuyo titular es Marcelo Domínguez, para que desestime la declaración de la Legislatura que insta a la gestión de la provisión de pistolas Taser a las fuerzas policiales. Entre las observaciones, se señaló que estas armas conllevan un riesgo letal y su uso puede prestarse a abusos y potenciar formas de violencia institucional.

Las recomendaciones fueron entregadas ayer, tanto a la cartera de Seguridad como a las Cámaras de Diputados y Senadores.

El Comité local está integrado por Rodrigo Solá, Rosa Ramón Corregidor, Cristina Cobos y Marcelo Andrés Giordamachi, quienes tienen entre sus competencias emitir observaciones y opinión técnica especializada a las autoridades pertinentes con el fin de prevenir actos de tortura.

Esta acción del Comité se debe a que el pasado 28 de marzo diputados y diputadas aprobaron por mayoría la declaración de que verían "con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser como así también la instrucción de uso correspondiente". El proyecto fue presentado por el diputado Omar Exeni, quien insiste en este pedido desde hace ya tres años.

El Comité resaltó que la diputada y médica, Gladys Paredes, en declaraciones posteriores, advirtió que estas armas "pueden causar incluso la muerte", y dio detalles de las consecuencias que podría tener su aplicación. Aunque se abstuvo en la votación durante la sesión legislativa.

Ante esta situación, el Comité le recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia desestimar la declaración de la Cámara de Diputados por resultar "contraria a los estándares de derechos humanos vigentes en la materia". 

En la misma línea, les recomendaron a legisladores y legisladoras que "en futuros proyectos legislativos de cualquier naturaleza, que pudieran involucrar aspectos referidos a tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes", soliciten antes del tratamiento en el recinto, la participación del Comité para emitir su opinión técnica, "en cuanto organismo especializado, creado por Ley N° 8024".

Son letales

El Comité señaló que las pistolas Taser son consideradas “armas con poder menos letal”, que las armas de fuego, pero "igualmente son letales". También advirtió que la clasificación errónea como “armas no letales” puede dar lugar a confusión y avalar su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto.

Aunque las consecuencias físicas de la aplicación de estas armas no han sido evaluadas lo suficiente, el Comité advirtió que en determinadas personas puede producir "un impacto diferencial, incluso la muerte". Señaló, por ejemplo, el riesgo letal para personas con padecimientos cardíacos, de descompensación en personas con discapacidad psicosocial, y los riesgos del embarazo en personas gestantes. 

Las Taser "ocasionan una incapacidad temporal. En todos los casos produce una descarga de contacto directo que genera dolor, sufrimiento físico y psíquico, que podrían considerarse torturas o malos tratos y abiertas violaciones a los derechos humanos", indicó el Comité. 

Asimismo, consideró que las Taser potencian la probabilidad de provocar daños derivados del uso de la fuerza pública, incluso posteriores al momento de la aplicación de la descarga, como episodios cardíacos o golpes al caer, entre otras situaciones. 

De esta manera, el uso de estas pistolas "conlleva una serie de riesgos que trasgreden las recomendaciones dadas por organismos internaciones de DDHH y por normativa interna de nuestro país".

Pueden potenciar la violencia institucional

El Comité contra la Tortura también señaló que la utilización de estas armas, "puede prestarse a abusos y potenciar formas de violencia institucional, debido a su facilidad de uso, portabilidad, capacidad de infringir dolor sin dejar señales importantes".

Además, advirtió que el uso de las Taser podría volverse masivo y escapar al control de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y legalidad que deberían regular el uso de toda fuerza pública, y que éstas pueden ser utilizadas con la mera finalidad de provocar un daño, castigo o confesión. 

El organismo citó un informe del Programa sobre uso de la fuerza y empleo de arma de fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2020, e indicó que el 51,6% de hechos con disparos por parte de fuerzas de seguridad ocurrieron cuando los agentes se encontraban “fuera de servicio”, es decir no prestando funciones. Ante ello, el Comité advirtió que con las Taser se incrementa "el riesgo de la utilización de este tipo de armas en otros ámbitos, en especial el doméstico". En Salta, hubo femicidios cometidos con arma reglamentaria.

Entre los fundamentos expuestos por el Comité Provincial, recordó que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se expresó en contra del uso de estas pistolas y recomendo que los Estados no deberían usarla

El niño salteño de Embarcación

Se había viralizado por la redes la voz y la imagen de un niño que alentaba con la selección nacional, cuando estaba jugando en Qatar. Sufría en su emoción como millones de argentinos. Cuando en Paraguay se realizó 'La noche de las estrellas' y siguiendo con los festejos de la selección campeona, fue llevado a decir unas palabras.

Los jugadores volvían a emocionarse, como todos los homenajes que fueron recibiendo en sus pueblos de origen.  Parte de estos festejos se transmitió en directo. Se pudo escuchar la buena expresión que tenía, hablando de su pueblo. Mencionaba el origen ferroviario de la ciudad de Embarcación, y de sus trabajadores.

Fue una pena que no pudiera comentar o decir qué está sucediendo con los más antiguos habitantes de esa región del norte de Salta. De las condiciones que están pasando, con las promesas que les hacen, los gobernantes y no les cumplen. Justo por esos días de festejo de la Conmebol en Asunción (donde está el centro del gran negocio del espectáculo que es el fútbol) las comunidades Tobas, Wichis realizaban una de sus tantas marchas, pidiendo por viviendas y agua.

 

Comunidad Toba marchando

Las imágenes que mostramos fueron enviadas por Eduardo Yaqui, de la Comunidad Toba. están marchando desde el miércoles por la ruta 34. Son de Embarcación- Salta y van hacia la Capital salteña. Les habían prometido planes de viviendas, pero no han cumplido.

Las excusas de siempre están en que no se envían las partidas de Nación o de Provincia. En un principio les prometieron 22 viviendas, pero no han construido ninguna nos informa Yaqui.

Seguiremos informado por nuestras redes, como continua la marcha. El día jueves marcharon bajo viento y a la noche la lluvia.

 

La competencia interna puede dejar heridos

Frente de tormenta en el oficialismo salteño

Emiliano Durand anunció oficialmente su candidatura y aseguró que tendrá que enfrentar intereses muy poderosos. Bettina Romero contestó con una denuncia en la justicia para que se investigue si las “fake news” en su contra provienen de fondos públicos. 

por Nicolás Hirtz

 La confirmación de que Emiliano Durand será candidato a intendente sacudió el avispero en el romerismo, que ven en la figura del periodista y actual senador, alguien que podría arrebatarles no solo un nuevo mandato al frente del ejecutivo municipal, sino las aspiraciones de seguir creciendo hacia la gobernación en el 2027.

Si bien nadie lo menciona dentro del oficialismo capitalino, que Durand sea candidato dentro de las mismas filas que integra la actual intendenta municipal, Bettina Romero, huele más a fuego amigo que a lo “bueno que es competir”, como contestó Gustavo Sáenz al ser consultado al respecto.

Una posible lectura, no lejana a la de cualquier lector, tiene que ver con la sucesión en Grand Bourg. En el 2027 el actual gobernador cerrará su ciclo al frente del ejecutivo provincial, y Durand podría ser un sucesor mucho más amigable que los Romero, que tienen tradición y juego propio. Una victoria del periodista que más votos sacó en las pasadas elecciones, sería un golpe muy fuerte para las aspiraciones de la familia que ya ocupó en más de una ocasión el máximo escalafón político salteño.

En su anuncio oficial, el Senador por capital asumió que tendrá el apoyo de “Gustavo”, al que le agradeció permitirle participar de las elecciones. Y a la hora de explicar porqué decidió competir, apuntó directamente a la actual gestión municipal, “se pueden cambiar las formas en que se hacen las cosas”, “se pueden hacer mejor”, dijo entre otras cosas.

Pero no se quedó allí, el también abogado declaró que deberá enfrentar “intereses muy poderosos”. Sin mencionarlo, y habida cuenta que desde la oposición aún no hay ninguna confirmación de candidaturas, va de suyo que hablaba de quien integra las mismas filas saencistas y maneja las riendas municipales.

Tras el anuncio, el politólogo Pedro Buttazzoni desnudó la estrategia de Durand. Destacó la forma “descontracturada” y supuestamente “despegada de la política tradicional”, “el arquetipo del hombre común, siguiendo la línea del 2021”, cuando llegó a ser el candidato a Senador por capital más votado.

No se le pasó por alto lo que el mismo legislador resaltó, ser el “bendecido” de Gustavo Sáenz. A la hora de prefigurar a su contrincante, lo describió como “el enemigo invisible”, “del manual del populismo”. “No va contra una persona. Como la casta o la oligarquía para otros, en este caso los del frente son los poderosos”, añadió el especialista.

La respuesta desde el CCM

Desde el Centro Cívico Municipal repiten que Bettina Romero no solo no tiene miedo de competir, sino que, como dijo el propio gobernador, es saludable. Pero la primera medida que encabezó la intendenta fue la de presentarse en persona ante la Justicia Federal denunciando una campaña de desprestigio y “fake news” en su contra.

La presentación, por coacción y amenazas, incluye más de 130 publicaciones con ataques directos hacia la jefa comunal, y en alguno de ellos, la identificación de sus responsables. “Es mi deber sentar una posición pública respecto a los mensajes de odio que circulan a diario en nuestra sociedad”, declaró al presentar la denuncia.

Romero apuntó al “uso sistemático de portales y páginas con noticias falsas y discurso de odio” hacia su persona y su familia. Y solicitó que se identifique a todos los agresores y la ruta del dinero empleado para promover una campaña sucia permanente en su contra.

“Hoy es fundamental marcar un precedente para que la política no se convierta en un vale todo, sobre todo al inicio de un año electoral”, agregó.

A su lado, su abogado Oscar Guillén elevó la apuesta. Reiteró que se pidió al fiscal federal que se conozca la identidad de quienes realizan esas publicaciones y, sobre todo, que se conozca “la trazabilidad de los recursos que se emplean para estas campañas de difamación que, esperemos, no se trate de dinero público”.

En un programa de televisión local, el representante legal de la mandataria detalló que ya tienen identificados a quienes hicieron algunas de las publicaciones y quién las pagó. Y subrayó que no solo podría haber una asociación ilícita por el nivel de organización que existe para generar esas “fake news”, sino que la justicia Federal “podría detectar que se utilizaron fondos públicos”, por lo que también se incluiría la figura de malversación de caudales. “Lo triste que sería que se utilicen los aportes de los ciudadanos para estas cosas”, consideró el abogado.

La oposición no tiene con qué

Con la confirmación de Emiliano Durand, ya son cuatro los postulantes a ocupar el cargo de intendente por el oficialismo. Se suman la actual mandataria, el ex procurador y ministro provincial Abel Cornejo, y el referente de Libres del Sur Carlos Morello.

Esta disputa interna sin primarias ni internas, elaborada como una estrategia para retener la gobernación dándole rienda suelta a todos los que deseen competir siempre y cuando le reporten a un único candidato a gobernador, para la oposición significa una oportunidad de pegar el zarpazo.

El cálculo que hacen es sencillo, si todos los votos oficialistas se dividen en cuatro, polarizando seguramente en dos postulantes fuertes (Bettina y Durand), quien pueda obtener algo más de 20 puntos en la ciudad más poblada de Salta, tendrá muchas chances de dar la sorpresa. Pero para eso aún faltan candidatos y una fuerza opositora que presente batalla, algo que no se visualiza en el horizonte.    

El gobierno de Salta aprobó un protocolo para frenar las protestas sociales

 

por Maira López

El gobierno de Salta emitió ayer el decreto 91/23, que aprueba el Protocolo de Actuación del las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones. De acuerdo a lo comunicado por el Ejecutivo provincial,los motivos principales estuvieron guiados por las protestas realizadas en el norte salteño, en los departamentos de San Martín y Orán, donde se reclama hace dos meses el acceso al agua potable sana y segura, así como mejoras en la prestación del servicio de educación y salud, y se rechaza os aumentos en las boletas de energía eléctrica. 

No obstante, el gobierno de Gustavo Sáenz consideró que esos reclamos afectan "gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general". Además de que se perjudica a la economía de esas zonas, puesto que "gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades", indica el protocolo. 

Oficialmente el Ejecutivo salteño había anunciado que trabajaba en el protocolo de actuación junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación. El propio gobernadr contó en sus redes sociales que convocó a una reunión al procurador General de la provincia, Pedro García Castiella; al fiscal federal general, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; al fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y la auxiliar fiscal federal Roxana Gual.

Según se informó, en el encuentro se consideró que "cada vez que se libera un corte de ruta, se reducen en gran medida los controles de colectivos, camiones y vehículos particulares". La conclusión fue que debido a los cortes de ruta en zonas de frontera, aumenta el "riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas". Tras anunciar la medida, el gobierno sostuvo que con el protocolo se "buscará dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve afectado su derecho de circulación".

Aún así, el protocolo generó manifestaciones en contra, y esa parece ser la razón que motivó al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, a convocar a una conferencia de prensa para hoy a las 9 en el Centro Cívico Grand Bourg para referirse a los objetivos y la aplicación del decreto 91/23. El gobierno sostiene que la normativa resguarda y garantiza "los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes". 

El protocolo establece que cuando se sepa de protestas, sean espontáneas o programadas, la cartera de Seguridad dará la orden para que intervenga el jefe de Policia, quien deberá elaborar un informe de la situación para ser remitido a la principal autoridad del Ministerio; el que a su vez se contactará "con el o los Ministros con competencia especifica en el objeto del reclamo", con el fin de que "encomiende a un funcionario con conocimiento en la temática y capacidad de negociación". El objetivo es "generar un ámbito de negociación para dar respuestas a las demandas". 

Simultáneamente, se designará un jefe del operativo de Seguridad que, "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza. Las y los manifestantes deberán "retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre el libre tránsito, dando a conocer que su negativa puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina, debiendo dar inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial que correspondiere". 

Policía políglota 

El protocolo dispone por otra parte una medida insólita: si los manifestantes pertenecen a comunidades originarias -como está sucediendo desde mediados de noviembre en la localidad de Tartagal-, la autoridad policial "procurará la utilización de la lengua o idioma de dicha comunidad". En la provincia se hablan 8 idiomas de poblaciones originarias: quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí. 

Otra pauta que se destaca es que sostiene que luego de "liberadas las vías de circulación", recién se "comenzará la instancia de negociación con el vocero o representante del grupo de manifestantes". También afirma que las fuerzas de seguridad podrán "tomar las medidas que por ley correspondieren para prevenir la posible comisión de delitos, dando inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial", en caso de la presencia de "personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo". 

El fiscal federal general de Salta Eduardo Villalba, quien se reunió con autoridades provinciales para discutir el contenido del protocolo- dijo que la idea es que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia intervenga antes o en forma contemporánea al corte del tránsito. Por ello, descartó que vaya a ordenar el uso de la fuerza pública federal para despejar las rutas nacionales.

"Obviamente que colisiona con el derecho a circular", dijo sobre la protesta que incluye cortes de ruta, y aseguró, en respuesta a cuestionamientos de funcionarios de la provincia, que la fiscalía federal sí intervino en diversas protestas, "pero hasta eso pasaron cinco o seis horas". "No estamos de acuerdo con el despeje por medios violentos porque es muy complejo y puede ser peor el remedio que la enfermedad", previno.

Un protocolo restrictivo

Tras conocerse públicamente el decreto, la directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman, aseguró a Salta/12 que se trata de "un protocolo fundamentalmente orientado a evitar los cortes como forma de protesta social". En ese sentido, aseguró que la normativa guarda una "visión muy restrictiva de las manifestaciones y de los derechos involucrados", dado que "no hay ninguna mención a los derechos de los manifestantes ni de la protesta". 

Si bien sostuvo que hay "algunas regulaciones interesantes", como la debida identificación de los funcionarios de seguridad o la disposición de una interlocución política para responder a los reclamos, aún así "no regula cuestiones fundamentales como la prohibición de portar armas de fuego en estos operativos o la regulación estricta del armamento mal llamado "menos letal (como balas de goma, gases, agua)". 

Además, señaló que los principios del uso de la fuerza que se mencionan en el protocolo "son muy genéricos y no específicos para el ámbito de actuación de las manifestaciones". "Desde 2001 se había avanzado mucho en regular la actuación policial en las manifestaciones en particular como forma de prevenir represiones y proteger los derechos involucrados", indicó Perelman. 

El CELS también destacó las razones de las protestas que se vienen sosteniendo desde hace semanas en el norte salteño -y que tienen como principal pedido el acceso a agua potable sana y segura. La organización sostuvo que se afecta principalmente a poblaciones vulnerables, como la campesina e indígena. Perelman afirmó que ante estos reclamos la respuesta del Estado provincial se redujo sólo al protocolo que "se orienta a interrumpir los cortes", lo que "implica que el corte de rutas o de calles quede descartado como un formato de protesta válido".

Si bien el protocolo dispone una interlocución política, este principio "queda condicionado a que los manifestantes levanten el corte", cuestionó. "Esta condición es esperable que trabe las posibilidades reales de la negociación y acorte los tiempos de un desalojo violento", agregó. 

Además, cuestionó la mención de la prohibición del uso de elementos contundentes, porque está expresada en "forma tan inespecífica", como lo es en la mención a la pirotecnia o "cualquier elemento". Consideró que esa enunciación "puede ser utilizada en forma laxa como forma de criminalización de manifestantes". "En general, la redacción es tan genérica que su aplicación puede resultar sumamente arbitraria", insistió la integrante del CELS. 

En una línea muy similar habló el abogado y presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Rodrigo Sola, quien adelantó a Salta/12 que en la mañana de hoy presentarán un escrito al Ejecutivo provincial expresando su preocupación a raíz del protocolo. Contó que no tuvieron conocimiento previo de su elaboración, sino que el único acceso se dio tras ser publicado en el Boletín Oficial. 

Sola subrayó que la protesta social es parte del ejercicio del derecho establecido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, convirtiéndose en "un eje central" para el ejercicio del sistema democrático. "Detrás de ese derecho fundamental, están otros derechos que son los que se están reclamando en el norte", afirmó al recordar las deudas históricas en el acceso al agua, la educación y la salud para poblaciones originarias que han sufrido las muertes evitables de niños y niñas por desnutrición. 

En ese sentido, se refirió a los tratados internacionales que establecen que los estados nacionales, provinciales y municipales deben garantizar la protección a colectivos vulnerabilizados, como las poblaciones originarias. Para Sola, con el decreto de Saénz "se invierte este rol" ya que "no sólo no se les cumplen determinados derechos, sino que se los disuade para que no puedan ejercer los reclamos". 

Sostuvo que "el foco debería estar primero en esos derechos que no se están cumpliendo de manera correcta y que llevan a que estos sectores o colectivos tengan que protestar para reclamar esos derechos". Por el contrario, consideró que el Ejecutivo provincial puso el foco en cuestionar la modalidad de la protesta y, en consecuencia, el ejercicio democrático de las personas. 

En un marco más legal, recordó que los tratados internacionales plantean que cualquier tipo de regulación sobre el derecho a la protesta se tiene que dar "sólo por motivos excepcionales y a través de una ley; no por un decreto". "Tendría que ser excepcionalmente y donde se plantee una absoluta necesidad", reiteró el letrado. 

También dijo que todo el abordaje del protocolo debería estar centrado en la prevención, el diálogo y la negociación, pero lo dispuesto por el gobierno de Saénz sólo se enfoca en "disuadir" las manifestaciones. En el protocolo "parece que hay un condicionamiento" porque "dice que para que se produzca una parte del diálogo, tiene que producirse el levantamiento de la protesta". 

La prensa de Salta sobre el protocolo del gobierno de Salta

 

La prensa no se calla 

por Maira López

El protocolo también incursiona en un intento de regular la labor de los medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. "Los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones", empieza el texto, pero enseguida afirma: "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfleran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información".

Esto generó malestar dentro de la prensa de Salta. Para el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal), lo dispuesto por Sáenz no sólo le da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, sino que también "disponen condicionantes que puede ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas". 

En ese sentido, el Siprensal exigió que las autoridades revisen el punto que hace referencia a la tarea periodística, dado que "puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad". 

En tanto, para la Asociación de Periodistas de Salta (Apes), el protocolo significó "un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial". Por ello, exigió que se revea a la brevedad el decreto y "se deje inmediatamente sin efecto" la mención a la labor de la prensa, puesto que existe una "clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo". 

La Apes también recordó "viejas solicitudes" que le hicieron al gobernador por "la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística y la falta de garantías de seguridad con la que contamos como periodistas a la hora de realizar una cobertura".